¿Qué son las costas procesales y quién debe pagarlas? Guía esencial para quienes afrontan un proceso judicial

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Cuando una persona acude a los tribunales, surgen numerosas dudas sobre los gastos que implica el procedimiento. Uno de los conceptos clave a entender son las costas procesales: ¿qué son, cuándo se imponen y a quién corresponde su pago? En este artículo te explicamos de forma sencilla y rigurosa lo que necesita saber antes de iniciar una acción judicial.

¿Qué son las costas procesales?

Las costas procesales son los gastos derivados directamente del proceso judicial que una parte puede verse obligada a abonar a la otra si así lo determina el tribunal. Incluyen, principalmente:

Conceptos incluidos en las costas procesales

• Los honorarios de abogados y procuradores (cuando su intervención es preceptiva o, en algunos casos, aunque no lo sea si la otra parte los ha contratado).
• Derechos de peritos y demás profesionales que hayan intervenido en el proceso.
• Tasas, depósitos, gastos de publicación de anuncios obligatorios, copias, certificaciones, y otros gastos directamente vinculados al litigio (art. 241 y 242 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Ejemplo

Ejemplo: Si una persona demanda por incumplimiento de un contrato, por impago del precio en una compra, y el juez le da la razón, lo habitual es que la parte que ha perdido tenga que devolverle no solo lo reclamado, es decir, el precio de la compra, sino también los gastos que le ha supuesto acudir a la vía judicial.

¿Cuándo se imponen las costas procesales a la parte contraria?

En la jurisdicción civil, rige el llamado principio del vencimiento objetivo. La parte que pierde el juicio debe pagar al vencedor. Este criterio busca que quien ve reconocido su derecho por el tribunal no soporte los gastos de haber tenido que acudir a los tribunales para ver protegido su interés.

Excepciones al principio del vencimiento objetivo

Pero existen excepciones a este principio. Cuando el juez aprecia que el asunto presentaba serias dudas de hecho o de derecho o cuando la estimación de una pretensión no es completa, esto es, estimación parcial, en tales casos cada litigante se hace cargo de pagar a su abogado y procurador.

¿Cómo se calculan las costas que debe abonar el condenado?

La tasación de costas es el procedimiento por el que se detallan y cuantifican los distintos gastos incluidos en la condena.

Procedimiento de tasación de costas

El vencedor del proceso presenta la cuenta de gastos debidamente justificada. El importe es revisado por el letrado de la administración judicial para asegurar que se ajusta a la normativa y criterios colegiales. Solo se incluyen los gastos efectivamente realizados y justificados.

Honorarios de abogados y procuradores

Las minutas de honorarios de abogados y procuradores deben ser razonables y, en su caso, ajustarse a los criterios de los Colegios profesionales. El tribunal puede modificar los importes si los considera excesivos.

¿Qué ocurre si cuento con justicia gratuita?

Si se tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita y gana el proceso, la parte condenada en costas está obligada a pagar directamente al abogado y procurador de oficio. Si pierde normalmente queda exento de pagarlas, salvo que en los tres años siguientes mejores de fortuna y puedas hacer frente a ese pago.

mismos criterios que en la jurisdicción civil y también

En el Orden penal: regla general y matices principales

En el ámbito penal: quien provoca la necesidad del proceso y resulta responsable, soporta sus consecuencias económicas.

Regla general

Regla general: condena en costas al condenado. Pero no siempre es condenado a todas las costas causadas en el procedimiento. Existen

Casos en los que puede no incluirse los gastos de la acusación particular en las costas del condenado

La práctica judicial suele discutir la exclusión cuando concurre alguna de estas circunstancias:

• Intervención superflua o innecesaria de la acusación particular;
• Duplicidad funcional respecto del Ministerio Fiscal, sin aportación real;
• Mantenimiento por la acusación particular de pretensiones no acogidas o claramente excesivas;
• Introducción de líneas acusatorias ajenas al fallo condenatorio;
• Actuaciones procesales que no guardan relación útil con la condena finalmente pronunciada.

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